La Municipalidad Distrital de Castilla advirtió que podría cerrar el botadero ubicado en su jurisdicción debido a que no cuenta con licencia ambiental ni cumple con las condiciones técnicas exigidas para operar. La comuna también rechazó el cobro de 20 millones de soles que la Municipalidad Provincial de Piura, a través del SATP, pretende exigir por el uso de este espacio, al considerar que el cobro es indebido.
El alcalde de Castilla, Walther Guerrero, explicó que la competencia del manejo de residuos sólidos pertenece a la Municipalidad Provincial de Piura, por lo que el distrito nunca ha pagado ni cobrado por el uso del botadero. “Nos están cobrando como si fuera un relleno sanitario, pero este no lo es. Se trata de un botadero que más bien afecta a la salud y al medio ambiente de nuestra población”, afirmó.
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La autoridad recordó que en 2023 sostuvo reuniones con el alcalde provincial Gabriel Madrid, donde se acordó que el distrito no podía asumir un pago de esa magnitud. Sin embargo, pese a ese entendimiento, la comuna provincial procedió a embargar más de dos millones de soles de las cuentas municipales, lo que —según Castilla— afecta directamente el financiamiento de obras públicas y servicios básicos.
Asimismo, se informó que el botadero ya ha sido observado por la OEFA debido a las deficiencias en su manejo ambiental. En ese contexto, la Municipalidad de Castilla advirtió que, a través de su área de Fiscalización, tiene la facultad de proceder con el cierre del lugar, pues carece de autorización y representa un riesgo para la población.
Finalmente, el municipio anunció que realizará una conferencia de prensa para presentar la documentación que respalda su posición y exigir el levantamiento del embargo. “Prescribir una deuda no es un favor, es un derecho. Esperamos que Piura actúe con responsabilidad y no pretenda incrementar su recaudación a costa de Castilla”, declaró el alcalde.
