Un violento asalto protagonizado por una banda integrada por al menos diez menores de 17 años volvió a poner en el centro del debate la responsabilidad penal juvenil, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ratificara que los adolescentes no pueden ser juzgados como adultos. El hecho ocurrió la noche del viernes, en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura.
Según la Policía, el robo se produjo en la intersección de la avenida Grau con el dren de Enace, cerca de la botica Felicidad. La víctima, identificada con las iniciales M. M. B., conducía su motocicleta cuando fue interceptada por el grupo que se movilizaba en tres trimóviles. Uno de los adolescentes, armado con un revólver, lo encañonó y lo obligó a descender del vehículo, que luego fue sustraído.
Tras el asalto, el agraviado solicitó apoyo a una patrulla policial que realizaba un operativo de “Control Territorial”. En un rápido despliegue, los agentes lograron intervenir primero a B. S. S. V. (17) y posteriormente ubicaron el vehículo robado en una vivienda deshabitada del asentamiento Nueva Esperanza. En la ampliación de las diligencias fueron detenidos otros tres menores: N. C. Y. F. (17), C. L. R. F. (17) y P. J. S. Ch. (17), quienes fueron reconocidos por la víctima.
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Este caso se conoce en un contexto de controversia nacional, luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional que los menores de 18 años sean procesados y condenados bajo el sistema penal de adultos, al considerar que dicha práctica vulnera la Constitución. El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, cuestionó esta decisión y advirtió que, desde su perspectiva, el fallo representa un retroceso en la lucha contra la delincuencia y podría traer consecuencias en materia de seguridad ciudadana.
Mientras continúan las investigaciones para ubicar al resto de integrantes de la banda, el asalto en Piura evidencia la participación de adolescentes en delitos graves y reaviva el debate entre la protección de los derechos fundamentales de los menores y la eficacia de las medidas frente al incremento de la criminalidad.
