El Poder Judicial desestimó la solicitud de Betssy Chávez, exjefa del Gabinete Ministerial, para ser trasladada de manera permanente al penal de Barbadillo, en Ate, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo. La defensa de la exministra argumentó restricciones en el horario de visitas, dificultades logísticas y problemas de conectividad en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva.
Sin embargo, según el documento judicial al que accedió La República, el tribunal determinó que el cambio no era viable, ya que Barbadillo es un penal exclusivo para varones. “Desestimar la solicitud de la defensa técnica de la acusada Betssy Betzabet Chávez Chino para su traslado permanente al establecimiento penitenciario de Barbadillo, correspondiendo al Instituto Nacional Penitenciario la evaluación de los internamientos de los procesados”, se lee en la resolución.
Defensa de Chávez denuncia restricciones
El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla Olaechea, denunció que las condiciones en el Penal de Chorrillos dificultan el ejercicio de la defensa. “Está repartido de nueve a doce y luego de dos a cuatro. Vale decir que solamente tenemos cinco horas, cuatro veces a la semana para poder conferenciar con nuestra patrocinada”, sostuvo en declaraciones a La República.
Asimismo, comparó la situación de Chávez con la de otros procesados que “tienen las 24 horas del día y todas las facilidades para poder ejercer su defensa”, como en el caso de Pedro Castillo, quien se encuentra en un penal con ambientes privados. Noblecilla anunció que ha presentado un recurso de reposición ante la Sala para que se reevalúe la solicitud.
“Nos hacen demorar con la revisión de documentos, nos tenemos que repartir en un patio apiñado de otros abogados y reclusas”, agregó el letrado, quien advierte que esta situación vulnera el derecho a la defensa y el principio de igualdad de armas dentro del proceso judicial.
Juicio contra Castillo y Chávez inicia el 4 de marzo
El juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 iniciará el 4 de marzo y se llevará a cabo tres veces por semana (martes, jueves y viernes) en el penal de Barbadillo.
De los ocho acusados, solo Pedro Castillo y Betssy Chávez cumplen prisión preventiva. La Fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel para Chávez Chino, acusándola de ser coautora del delito de rebelión en agravio del Estado. Para Castillo Terrones, el Ministerio Público ha pedido 34 años de prisión, además del pago de una reparación civil de S/65 419.038,53 a favor del Estado.
Otros exministros involucrados en el proceso son Willy Huerta, Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón, para quienes la Fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos. En el caso del ex primer ministro Aníbal Torres, el Ministerio Público ha requerido una pena de 15 años de prisión.
