El Ministerio del Interior, dirigido por Juan Santiváñez, anunció que el próximo 3 de marzo presentará una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presunta omisión de actos funcionales, tras su decisión de no aplicar la Ley 32130. Esta norma transfiere la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú (PNP), reduciendo las funciones del Ministerio Público.
El conflicto surgió luego de que la fiscal Espinoza se retirara temporalmente de la mesa de trabajo que discutía el Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del Delito, en coordinación con el Ministerio de Justicia. En su justificación, la Fiscalía señaló que busca “guardar coherencia” con su demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32130, la cual fue admitida por el Tribunal Constitucional (TC).
En respuesta, el Ministerio del Interior consideró que la fiscal de la Nación desconoce la legitimidad de la ley y acusó su conducta de ser un agravio al artículo 159 de la Constitución. “La sola interposición de una demanda de inconstitucionalidad no deslegitima la ley ni justifica su inaplicación”, argumentó la cartera de Santiváñez. Además, rechazó que la PNP carezca de preparación para asumir el control de las investigaciones preliminares.
Desde diciembre de 2024, la fiscalía ha cuestionado la Ley 32130, señalando que vulnera la Constitución al quitarle su rol de dirección de la investigación del delito y otorgarlo a la PNP, cuyo papel debe ser solo de apoyo operativo y técnico. El Tribunal Constitucional deberá definir en los próximos meses el futuro de esta norma y su impacto en el sistema judicial.
