Un terreno de 35,000 metros cuadrados adquirido por el Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) en Piura, destinado a viviendas para miembros de la Policía Nacional del Perú, está en el centro de una posible irregularidad. La compra, por un valor de S/21 millones, habría beneficiado a la Caja Raíz, entidad que en ese momento atravesaba una crisis financiera. Según denunció el programa Cuarto Poder, la transacción podría involucrar a altas esferas del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
La compra se realizó tras la imposibilidad de recepcionar un proyecto habitacional en Colán, Paita, debido a observaciones de la Fiscalía. Como alternativa, Fovipol adquirió un terreno en el asentamiento El Indio, en Castilla, un área que, según expertos, es altamente vulnerable a inundaciones durante el Fenómeno El Niño. Especialistas han cuestionado la decisión de adquirir un predio que se depreciaría con el tiempo y que no cuenta con condiciones óptimas para la construcción.
El decano del Colegio de Ingenieros del Perú en Piura, Manuel Asmat Córdova, indicó que “no compraría este terreno, sino que buscaría otro en mejores condiciones”. A pesar de estos cuestionamientos, Fovipol concretó la compra, con la Caja Raíz como único postor.
El congresista Juan Burgos, miembro de la Comisión de Fiscalización, planteó una hipótesis sobre el posible favorecimiento a la entidad financiera. Según Burgos, la Caja Raíz vendió a Fovipol un terreno cuyo valor real no superaría los S/7 millones, pero que fue adquirido por más de S/21 millones. “Esta venta millonaria parece haber sido un salvataje para la Caja Raíz, que seis meses después terminó en quiebra”, afirmó el parlamentario.
