Este lunes 18 de agosto, la Corte Suprema ratificó la detención preventiva de Pedro Castillo Terrones, después de declarar improcedente su recurso de apelación. El exmandatario buscaba que se levantara la medida establecida por el delito de rebelión.
En su defensa, Castillo sostuvo que la petición de prisión preventiva fue realizada por fiscales adjuntos supremos que, de acuerdo con él, no poseían la autoridad para emitir tal medida. Sin embargo, la Sala Penal Permanente determinó que la actuación de estos fiscales está en conformidad con la ley y que no se proporcionaron elementos nuevos que justificaran modificar la medida.
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Así, la prisión preventiva se mantendrá hasta diciembre de 2025, mientras se lleva a cabo el juicio por los delitos relacionados con su intento de golpe de Estado.
La Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos sostiene su solicitud de 34 años de cárcel para Castillo, además de 3 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer puestos públicos.
