Tras las últimas investigaciones que se realiza ante una posible red de corrupción de empresas a nivel nacional, el consejero regional, Hermer Alzamora, señaló que tendría impacto en Piura.
El funcionario expresó su preocupación por la posible existencia de una iniciativa de inversión público-privada presentada por la empresa Graña y Montero, para el financiamiento de la construcción de hospitales en Piura y Sullana.
La preocupación viene luego que el Poder Judicial dispuso 18 meses de prisión preventiva para cinco representantes de esta constructora, por un presunto pago de coimas durante el gobierno de Alejandro Toledo.
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Por este motivo, Alzamora, quien además preside la Comisión de Inversiones e Infraestructura, sostuvo que solicitará información al gobernador, Reynaldo Hilbck sobre las propuestas de APPS que actualmente tienen carácter reservado.
Advirtió que de comprobarse que existen proyectos que serían financiados por esta empresa, pedirá al pleno del consejo que se les niegue la declaratoria de interés porque “sería un desprestigio para el gobierno regional”. Las obras podrían ejecutarse en adelante con otras propuestas o bajo otra modalidad.
“Aprovechando que hay dinero para el proceso de reconstrucción, se podrían incluir estos proyectos y desestimar la propuesta de esta empresa vinculada a Odebrecht”, indicó el funcionario.
