Rigoberto Torres Reyes, Luis Fernando Seminario y Robinson Calderón Vargas se habrían apropiado de 56 mil soles, al haber elaborado contratos ficticios, cobrando por servicios que nunca se realizaron.
Redacción
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Los hechos ocurrieron en el 2016, y luego de las investigaciones respectivas se determinó que los trabajadores, todos nombrados y uno de ellos repuesto por orden judicial, utilizaron sus terminales de computadora para elaborar los contratos y enviarlos a todas las áreas para la aprobación respectiva y el giro de los cheques.
Los contratos se elaboraron a nombre de Gabriel Mechato Garay, Enrique García Fernández y Luis Leopoldo Calle Salazar. Estas personas supuestamente debían formular y evaluar proyectos y supervisar trabajos. Sin embargo, el sistema de control del Gobierno Regional logró detectar que en realidad estas personas nunca trabajaron para la institución.
El secretario Anticorrupción Jaime Távara, indicó que los implicados aceptaron que cometieron este delito por lo cual están siendo procesado por la vía judicial. El proceso administrativo debe terminar con la destitución de los tres trabajadores quienes además deben enfrentar un proceso judicial que ya se está llevando a cabo.
“Yo hablé con cada uno de ellos y aceptaron que operaron solos, no recibieron orden de ningún jefe superior”, explicó.
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Távara indicó que se pudo determinar quiénes eran los que estaban cometiendo este delito porque todos los terminales de computadora tienen códigos, al igual que los usuarios. Cada uno de los implicados usó su código para elaborar y dar trámite a las órdenes de servicio.
Los locadores de servicios son personas que no laboran dentro del Gobierno Regional, o no deberían. Su trabajo se mide por “entregables”, es decir por los documentos o el avance de los proyectos que presentan. Su labor se desarrolla en el campo o fuera de la institución.
Es decir, no están sujetos a horarios, no marcan tarjeta, no tienen oficina ni escritorios en la institución, por ello no se les puede controlar. Algunos malos funcionarios se aprovechan de esta situación para firmar contratos ficticios.
Fuente: La Hora