En Piura, la situación del canon es particularmente preocupante. La región enfrenta una fuerte reducción de ingresos debido a la caída en la producción de hidrocarburos y la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, su principal fuente de canon. A ello se suma la ineficiencia de las autoridades para ejecutar los recursos disponibles y el impacto creciente de la minería ilegal, que evade impuestos, no paga regalías y deja un alto costo ambiental y social que finalmente asume el Estado.
Según el Ministerio de Energía y Minas, en lo que va del 2025 los gobiernos regionales y municipales del país recibieron 8 340 millones de soles por canon y regalías mineras. Sin embargo, gran parte de esos fondos no se transforma en obras prioritarias como agua potable, hospitales o colegios, lo que evidencia una deficiente gestión en varias regiones, incluida Piura, que este año recibió 203 500 millones de soles, 171 millones menos que el año 2024.
Lee más aquí >>> Piura: Exgerente regional acepta colusión y devolverá más de millón y medio de soles
El Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que mientras más recursos reciben los gobiernos subnacionales, menos ejecutan. En muchos casos, las municipalidades carecen de capacidad técnica para formular proyectos y la alta rotación de funcionarios —un gerente regional dura en promedio apenas diez meses— impide una gestión eficiente. Como resultado, solo cuatro de cada diez soles del canon se invierten en proyectos concretos.
A este problema se suma la pérdida de ingresos fiscales por minería ilegal, que en 2025 dejará de aportar 2 600 millones de soles al canon nacional. Aunque las cifras oficiales destacan a regiones como Puno, Arequipa y Madre de Dios entre las más afectadas, Piura también padece esta realidad con operaciones informales que erosionan su base tributaria y generan contaminación en zonas sensibles.
Piura y otras regiones están perdiendo recursos por partida doble, tanto por la ineficiencia en la ejecución del canon como por la evasión tributaria de la minería ilegal. Mientras tanto, miles de piuranos continúan esperando que esos fondos se traduzcan en hospitales equipados, colegios seguros, agua potable y carreteras que mejoren su calidad de vida.
