Un reportaje televisivo ha reavivado la controversia en torno al entorno del presidente José María Balcázar, luego de que se revelara que una exalumna suya accedió a un contrato con el Estado en un plazo inusualmente breve. La información fue difundida por el dominical Panorama, que expuso la secuencia de hechos ocurridos en agosto de 2021, cuando el hoy mandatario aún ejercía funciones en el Congreso.
La beneficiaria del servicio es Carla Bustíos Arteaga, bachiller en Derecho formada en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde Balcázar se desempeñó como docente. De acuerdo con la investigación, la profesional se inscribió en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y, en cuestión de horas, sostuvo una reunión en el despacho congresal del entonces parlamentario. Al día siguiente, obtuvo una orden de servicio por S/16 mil en una entidad vinculada al gobierno de Perú Libre.
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Especialistas consultados señalaron que, si bien la normativa permite contrataciones ágiles para determinados montos, el procedimiento regular contempla requerimientos formales, verificación presupuestal y evaluación administrativa. El RNP, administrado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, es solo el primer paso para contratar con el Estado, pero no reemplaza las etapas internas que cada entidad debe cumplir antes de emitir una orden de servicio.
Frente a las interrogantes, Bustíos rechazó cualquier favorecimiento y afirmó que su contratación respondió a un proceso abierto. No obstante, evitó detallar cómo tomó conocimiento de la convocatoria ni aclaró la coincidencia temporal entre su reunión con el entonces congresista y la rápida emisión del contrato. El caso ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la eventual influencia política en las decisiones administrativas.
