La marcha convocada por las rondas campesinas y autoridades locales contra el proyecto minero Rio Blanco Copper reunió a cientos de comuneros. Algunos marchaban con el corazón encendido por años de temores ambientales y una historia de desencuentros. Otros, sin embargo, lo hacían con el peso de la amenaza sobre los hombros: si no asistían, se arriesgaban a multas, a chicotes o vetazos, e incluso, al corte del suministro de agua.
En ese sentido, la marcha mostró dos rostros: uno que gritaba desde la convicción, y otro que caminaba desde la imposición. Una buena parte de los ronderos y comuneros que participaron en la protesta lo hizo por preocupaciones ambientales legítimas, alimentadas por la falta de información que seguramente los ha mantenido en incertidumbre por muchos años. También influye el historial de un mal relacionamiento social en torno al proyecto, que en el pasado trajo consigo hechos de violencia.
“Los líderes de las rondas deben usar los principios de su justicia ronderil para el bien de sus compañeros, no para aplicar sanciones a quienes no comparten sus opiniones o intereses. Se deben respetar la libertad individual y pluralidad de pensamiento, garantizando que la participación en las manifestaciones sea plenamente voluntaria y libre de represalias”, comentó un joven poblador de Huancabamba.
La movilización ha reabierto un viejo pero necesario debate: ¿cuánto de lo que se expresa en la plaza de Huancabamba es un verdadero sentir y cuánto es presión social? ¿Dónde termina la voz del pueblo y dónde comienza el miedo a discrepar o pensar distinto?
