Un total de 176 niñas menores de 14 años se han convertido en madres entre enero y abril de este año, según datos del Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo. Las cifras oficiales revelan que Lima encabeza la lista con 27 casos, seguida por Loreto (19), Ucayali (18) y La Libertad (12). La información, sin embargo, corresponde solo a los partos registrados, lo que sugiere que la cifra real podría ser mayor.
En los últimos cinco años, el Perú ha registrado al menos 6.782 partos en menores de 14 años. La tendencia, de acuerdo con los registros, muestra un preocupante incremento entre los años 2020 y 2023. Loreto es la región con el mayor número acumulado (1.026 casos), seguida por Lima (852), Junín (431), y las regiones de Cajamarca y La Libertad, ambas con más de 400 nacimientos de niñas madres.
Frente a esta realidad, expertas advierten que el fenómeno está directamente relacionado con la violencia sexual y la falta de acceso a educación sexual integral. La psiquiatra Marta Rondón, del Instituto Nacional Materno Perinatal, indica que el 70% de denuncias por violación sexual en el país involucran a niñas y adolescentes.
“La posibilidad de quedar embarazada por violencia sexual es muy alta. El 45% de las mujeres que acudieron por violencia sexual en un año se embarazaron, y de esas, el 70% eran menores de edad”, detalló Rondón.
Por su parte, la abogada y presidenta de Proyecta Igualdad, Brenda Álvarez, advirtió que la ausencia de educación sexual es uno de los principales factores que perpetúa los embarazos forzados en menores.
“Las cifras son alarmantes. Hay una falta total de acceso a una educación sexual integral, especialmente en contextos rurales o de pobreza extrema, donde estas niñas son más vulnerables a la violencia sexual”, sostuvo.
Además, diversas voces del sector salud han remarcado las consecuencias físicas y psicológicas que conlleva obligar a una niña a llevar un embarazo a término. El aborto terapéutico es legal en Perú si se pone en riesgo la salud de la gestante; sin embargo, múltiples barreras impiden que las menores puedan acceder a este derecho.
“Si el embarazo es producto de una violación, el daño es mucho más profundo y puede dejar secuelas permanentes: depresión severa, ansiedad, intentos de suicidio, e incluso la muerte”, explicó el doctor Enrique Guevara, secretario general de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología.
Las consecuencias sociales también son significativas: muchas de estas niñas abandonan la escuela, acceden solo a trabajos precarios y asumen una maternidad impuesta por el Estado, sin garantías de apoyo integral.
“La gran pregunta es: ¿qué pasará con esas criaturas y con sus madres? Porque el Estado no garantiza ni educación ni alimentación de calidad. Es una cadena de desprotección”, concluyó Álvarez.
Organismos internacionales han calificado esta situación como una forma de violencia extrema y hasta de “tortura” cuando las niñas son forzadas a continuar con embarazos producto de violaciones.
Fuente: Infobae
