El Pleno del Congreso dio luz verde, con 93 votos a favor, al allanamiento del Proyecto de Ley 4553/2022-CR, que modifica el Decreto Legislativo 1280 para establecer compensaciones directas a usuarios ante interrupciones injustificadas del servicio de agua potable y saneamiento.
La propuesta legislativa, inicialmente observada por el Poder Ejecutivo, fue ajustada conforme a las recomendaciones planteadas, lo que permitió su aprobación final. Con ello, se incorpora un mecanismo que obliga a las empresas prestadoras a asumir responsabilidad cuando la falla sea atribuible a su operación.
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Según la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte, la norma busca equilibrar la relación entre operadores y consumidores, garantizando que cada afectación cuente con una respuesta concreta y verificable a favor del usuario.
La medida también apunta a incentivar una gestión más eficiente de los servicios de saneamiento, promoviendo que las empresas adopten acciones preventivas y correctivas para evitar interrupciones que perjudiquen a miles de familias en todo el país.
