La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha declarado «inadmisible» el recurso de casación excepcional presentado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, con el objetivo de que Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, regrese a la cárcel para cumplir la prisión preventiva de 30 meses en el llamado ‘Caso Anguía’. La investigación preparatoria continuará bajo libertad restringida para Paredes Navarro.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, en octubre del 2022, revocó el mandato de prisión preventiva inicialmente impuesto y le otorgó un mandato de comparecencia con restricciones. El recurso buscaba dejar sin efecto esta decisión, alegando que la misma no estaba debidamente motivada y era incongruente y contradictoria, especialmente en relación con el peligro de fuga y la conducta obstruccionista de la investigada.
El juez supremo César San Martín, presidiendo la sala, determinó que el recurso de casación excepcional no cumplía con las exigencias previstas en el artículo 430, numeral 03, del Código Procesal Penal. Según la resolución, los temas propuestos para desarrollo de doctrina jurisprudencial carecían de interés casacional y no estaban orientados a fijar el alcance interpretativo de algún enunciado normativo sobre los presupuestos configurativos de la prisión preventiva.
Bajo este criterio, el colegiado supremo también declaró «inadmisible» el recurso de casación excepcional presentado por el exalcalde del distrito de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, quien buscaba la anulación del mandato de prisión preventiva y su inmediata libertad.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder atribuye a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, sus hermanos Yenifer, David y Walter Paredes, el exalcalde de Anguía José Medina, y otros, ser parte de una presunta organización criminal dedicada a licitaciones públicas fraudulentas en los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas. Se les acusa de favorecer a empresas de fachada con el otorgamiento de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por sumas de dinero significativas, a pesar de no cumplir con los requisitos legales.