Delia Espinoza, la fiscal de la Nación, solicitó que se anule Fuerza Popular como partido político. La solicitud se basa en presuntas actitudes antidemocráticas que se le atribuyen a la organización de Keiko Fujimori, las cuales resultarían en la exclusión de esta agrupación fujimorista en las elecciones próximas del 2026.
Según lo expuesto, Fuerza Popular habría infringido el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) al “realizar acciones que van en contra de los principios democráticos, que consisten en la violación sistemática de las libertades y derechos esenciales“.
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De acuerdo con La República, el documento especifica que el partido político llevó a cabo acciones opuestas a los principios de la democracia, como promover ataques contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de comunicación independientes, sociedad civil organizada y acosar sistemáticamente a estas personas por considerarlas incómodas.
En la misma línea, se le acusa de promover la exclusión de congresistas de su bancada por razón de disidencia política o libertad de conciencia, exculpar atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno y legitimar la violencia como método de para la consecución de objetivos políticos.
