El reciente despliegue de autoridades del Gobierno peruano en Santa Rosa, Loreto, ha despertado interrogantes sobre el verdadero motivo detrás de esta acción en la frontera con Colombia, justo después del estallido de la crisis diplomática entre ambos países. La presencia del presidente del Consejo de Ministros y de cuatro ministerios en la zona ha sido interpretada como una reacción tardía a una situación que afecta desde hace años a la población local.
Durante décadas, los ciudadanos de Santa Rosa han enfrentado el abandono del Estado. El único colegio del distrito, con más de 700 alumnos, opera con serias limitaciones de infraestructura y presupuesto. Sin embargo, es recién ahora —en medio de tensiones diplomáticas con Colombia— que el Ejecutivo decide intervenir con una campaña multisectorial, dejando la impresión de que la preocupación nacional responde más a intereses geopolíticos que sociales.
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Expertos y líderes locales señalan que este tipo de presencia gubernamental debió haberse dado mucho antes, como parte de una política sostenida de desarrollo en zonas de frontera, no como una medida reactiva ante el conflicto. En años anteriores, la cooperación con instituciones colombianas ha sido clave para brindar atención médica o incluso educación a niños peruanos que cruzan la frontera diariamente.
La visita de altos funcionarios parece querer enviar un mensaje de soberanía y control, pero para muchos habitantes se percibe como una puesta en escena. “Bien que vengan, pero ¿por qué ahora? ¿Y por cuánto tiempo durará su interés?”, se pregunta una madre de familia que diariamente acompaña a su hija a clases.
