El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, confirmó que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres no será liberado en 2026, como se proyectaba inicialmente, debido al registro de una nueva condena de seis años en su contra.
Nueva sentencia amplía su permanencia en prisión
La reciente sanción judicial prolonga el tiempo de reclusión del exasesor del régimen de Alberto Fujimori, estableciendo que su liberación recién se produciría en el año 2032.
“No, no (saldrá libre el 2026). Hay una sentencia nueva que ya ha sido registrada, y la reclusión de Vladimiro Montesinos está para seis años más”, precisó Paredes Yataco durante una entrevista en el programa La entrevista de Radio Nacional.
Con esta nueva pena, Montesinos Torres, de 80 años, vería pospuesta su excarcelación hasta cumplir 87 años de edad.
Causas judiciales y antecedentes
El jefe del INPE explicó que próximamente se brindarán detalles sobre la naturaleza de la nueva condena que recae sobre el exasesor.
Actualmente, Montesinos cumple dos sentencias acumuladas: una de 25 años por el caso Barrios Altos y otra de 20 años por desaparición forzada y homicidio calificado.
El exfuncionario permanece recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado dentro de la Base Naval del Callao, donde purga sus penas desde hace más de dos décadas.
Frustrado intento de excarcelación
La noticia del aplazamiento de su libertad se conoce meses después de que su defensa legal, encabezada por César Pacheco, anunciara en mayo que presentaría una solicitud al Poder Judicial para acogerse a la Ley 32181.
Dicha norma permite que los reclusos mayores de 80 años puedan cumplir su condena bajo modalidades alternativas, como la comparecencia con restricciones, por razones humanitarias.
Sin embargo, la nueva sentencia registrada por el INPE frustra cualquier posibilidad de excarcelación anticipada.
Contexto y repercusiones
El caso de Vladimiro Montesinos, figura central en el aparato de inteligencia durante el régimen fujimorista, continúa generando debate en el ámbito político y judicial.
Diversos analistas señalan que esta decisión reafirma la posición del Estado peruano de cumplir íntegramente las condenas impuestas por violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
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