La reciente decisión de la Corte Suprema que ordena restituir los permisos de transporte a las empresas Consorcio Grau Piura-La Unión S.A. y Unidos Max, podría convertirse en una pesada carga para la ciudad de Piura. Aunque la medida busca restituir derechos empresariales, su impacto inmediato sería un incremento de la congestión vehicular en una urbe que ya sufre el colapso de su sistema de transporte.
El fallo judicial obliga a la Municipalidad Provincial de Piura a permitir que estas compañías retomen sus rutas, lo que generará el regreso de buses y combis al ya saturado parque automotor. Lejos de aliviar el problema del transporte público, esta medida amenaza con empeorar el tránsito en las principales avenidas, afectando directamente a los peatones, motociclistas y conductores que diariamente sufren por la falta de planificación urbana.
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En nota periodística de diario LA HORA, en el caso del Consorcio Grau, se reabrirá la ruta Piura-La Unión-El Tallán, mientras que Unidos Max volverá a operar con 20 buses en el trayecto entre el asentamiento Ollanta Humala y Castilla. El problema de fondo es que la sentencia no toma en cuenta las deficiencias del sistema ni la falta de ordenamiento del transporte, donde abundan empresas que duplican recorridos y compiten caóticamente por pasajeros.
La decisión judicial refleja un divorcio entre los tribunales y la realidad urbana. Si bien se protege la inversión privada, no se prioriza el interés público ni la necesidad de reorganizar el transporte en Piura. El regreso de estas empresas sin un plan integral solo asegura más caos, contaminación y pérdida de tiempo para los ciudadanos. El riesgo es que las calles se conviertan en un campo de batalla vehicular mientras las autoridades municipales se ven atadas de manos para implementar reformas urgentes.
