El Poder Judicial (PJ) ordenó la detención preliminar por el plazo de diez días para Segundo Sánchez Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarretea, en Breña, el inmueble que habría sido utilizado por el presidente Pedro Castillo como una oficina alterna a Palacio de Gobierno.
La orden judicial también alcanza a Eder Vitón y Biberto Castillo León, ex asesores presidenciales sindicados como presuntos integrantes del ‘Gabinete en la Sombra’ ; Aúner Vásquez, exjefe del Gabinete Técnico de la Presidencia; Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y el empresario Jenin Cabrera Fernández.
Marrufo y Cabrera son conocidos como ‘Los Chiclayanos’, un grupo de allegados al presidente Pedro Castillo entre los que se habrían repartido obras por S/ 82,7 millones, según una investigación del diario La República.
“Declarar fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público sobre detención preliminar judicial, incautación de bienes muebles, allanamiento, descerraje y registro de domicilios con fines de detención e incautación de bienes muebles…”, se lee en la resolución de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especial.
La orden del juez Víctor Zúñiga Urday se concretó gracias al pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, liderado por la fiscal superior Marita Barreto.
RPP Noticias pudo conocer que, hasta el momento, han sido detenidos Auner Vásquez, Biberto Castillo, Ever Vitón, Salatiel Marrufo y Jenin Cabrera. Sin embargo, las autoridades aún no logran dar con el paradero de Segundo Sánchez Sánchez, dueño de la vivienda del pasaje Sarratea.
Mientras tanto, Esther Valenzuela, abogada de Segundo Sánchez Sánchez, llegó a la vivienda del pasaje Sarratea por requerimiento de los familiares del dueño del inmueble ubicado en Breña. Pero la letrada evitó dar declaraciones a los medios de comunicación.
Es menester precisar que los pedidos de detención se producen en el marco del caso ‘Los asesores en la sombra’. Los seis personajes son investigados por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado y otros.