El Poder Judicial (PJ) rechazó la solicitud de anulación presentada por la defensa del ex ministro del Interior Juan José Santiváñez, que buscaba anular todos los procedimientos del registro domiciliario llevado a cabo el 19 de marzo pasado, en el marco de la investigación en su contra por el supuesto delito de tráfico de influencias.
El proceso se debe a una presunta interferencia en su condición de abogado y como Ministro del Interior ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia para favorecer a uno de sus exclientes. Santiváñez rechazó dicha acusación y calificó que el allanamiento a su domiclio fue “un show mediático de la Fiscalía”.
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De acuerdo a La República, el abogado penalista Joel Córdova: “el exministro buscaba que se declare nulo todo lo que se hubiera podido encontrar e incautar en esa diligencia de allanamiento con descerraje que se realizó en domicilio, su oficina y su vehículo“. Es decir, se buscaba que nada de lo hallado se pueda incorporar al proceso. Ahora, “al ser rechazado su pedido por el Poder Judicial se ha legitimado y declarado como válido tanto la diligencia como cualquier prueba que se haya podido encontrar en esa diligencia.”
Juan Carlos Checkley, como juez supremo provisional, determinó que la medida de allanamiento e incautación aprobada satisface los principios de idoneidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que fue necesaria y proporcional para obtener pistas significativas sobre los hechos bajo investigación.
En su fallo, el Tribunal igualmente precisó que durante el procedimiento no se infringieron los derechos del investigado, dado que, de acuerdo con lo anotado en las actas, se le pidió autorización antes de entrar a su hogar y este dio su permiso para llevar a cabo el procedimiento.
